Julia Pastor | Entre abril y junio de este año, el gobierno realizará una regularización extraordinaria de 500.000 inmigrantes. Este es el séptimo proceso de este tipo en la historia democrática de España, tras las iniciativas lanzadas por los gobiernos del PSOE y del PP. En el primero, realizado en 1986 bajo el mandato de Felipe González, se concedieron permisos de residencia a 38.294 personas sobre 43.815 solicitudes. El más reciente se produjo en 2005 bajo el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que sigue siendo el más numeroso hasta la fecha con 576.506 inmigrantes legalizados. En total, diversos procesos de regularización han beneficiado a más de un millón de extranjeros.
Funcasen un informe que ha suscitado un importante debate en las últimas semanas, sugiere que el número de extranjeros que viven ilegalmente en España podría superar con creces los 500.000, llegando potencialmente a 840.000, lo que representa el 17,2% de la población extranjera procedente de países no pertenecientes a la UE. Se espera que una vez concluya este extraordinario proceso tengamos una imagen más clara de la población indocumentada en España. Mientras tanto, en las cifras predomina el concepto de “factor de atracción” (efecto llamada). ¿Habrá un aumento de la inmigración irregular impulsado por la regularización anunciada?
El director de Estudios Sociales de Funcas remarcó que “todo el sistema migratorio español está creando un efecto tirón”. El modelo actual supone que después de pasar un largo período en situación irregular, eventualmente se logra la regularización administrativa a través de vínculos sociales, familiares, laborales o educativos (arraigo).
En La conversacióndos investigadores españoles, Inmaculada Rodríguez-Zarzoso y Paul Elguezabal, publicaron un análisis de los flujos migratorios desde 196 países de origen hacia 32 destinos de la OCDE entre 1996 y 2022. Concluyeron que el “efecto atracción” existe, pero con matices. “No ocurre de forma aleatoria ni uniforme”, explican. Depende no sólo de la promesa de documentos legales sino también de las redes sociales y familiares que uno tenga en el país de destino. Además, el requisito de un período de residencia previo actúa como disuasivo. «Al menos ocho meses de residencia irregular previa son suficientes para neutralizar completamente el efecto de atracción».
Entre quienes niegan que exista tal efecto, un estudio del Overseas Development Institute y un artículo de la Universidad de Cambridge destacan que las entradas de inmigrantes están más estrechamente vinculadas a las fluctuaciones de los ciclos económicos de los países de origen. La complejidad del fenómeno migratorio hace que también entren en juego otras variables, como el estado de las rutas migratorias: si son más favorables por ser más cortas y seguras.
Estos días se repite un mantra: las personas que vivan y trabajen con nosotros van a ser legales, igual que nosotros. Con o sin un “efecto atracción”, los inmigrantes irregulares seguirán llegando. Planifiquemos, sí, pero que esa planificación también esté informada por el “efecto dignidad”.
