Después de una batalla corporativa de dos años por la saturación del sistema eléctrico español (con consecuencias que incluyen la enorme controversia en torno al apagón de abril de 2025), el Gobierno ha cedido a la presión de cientos de empresas que exigen más inversión en la red de transmisión o alta tensión.
La ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha anunciado este miércoles que la inversión en la nueva planificación energética del Gobierno para estas infraestructuras crecerá un 30% por encima de las previsiones iniciales. El plan de inversiones anunciado por Redeia a principios de año se alineaba con los 13.000 millones de euros inicialmente presupuestados por el Gobierno. Ahora tendrá que revisar su plan. Redeia, grupo presidido por Beatriz Corredor, es de propiedad estatal al 20%, siendo el Gobierno el que ejerce el control mediante regulación y representación en los consejos. El presupuesto pasará de poco más de 13.000 millones de euros hasta 2030 (anunciado hace casi un año) a 17.000 millones de euros.
La red de transporte está gestionada por Red Eléctrica (REE), filial de Redeia encargada de garantizar el flujo ininterrumpido de energía de punta a punta de España. Esta red es vital para el funcionamiento del otro lado del sistema eléctrico: la red de distribución. Esta última (baja tensión) es la que llega a los consumidores finales y está controlada por las grandes eléctricas: Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP.
