España lleva casi tres décadas sin lograr converger en productividad con las economías europeas más avanzadas. A pesar del crecimiento económico y la creación de empleo registrados en los últimos años, el modelo productivo español sigue afrontando serias dificultades para generar un aumento sostenido del valor añadido por hora trabajada.
Así lo destacaron expertos del Consejo General de Economistas de España (CGE) y de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) durante una jornada técnica celebrada en Madrid.
Según los datos presentados por Rafael Doménech, jefe de Análisis Económico de BBVA Research, tomando como base 100 Estados Unidos, la productividad española en PIB por hora trabajada se sitúa en torno al 75%, frente al 97% en países de referencia como Alemania, Austria, Bélgica o Países Bajos. Esta brecha de casi 22 puntos en relación con el núcleo europeo se ha mantenido prácticamente sin cambios desde mediados de los años noventa.
Los factores clave incluyen un rezago en la inversión empresarial productiva. Mientras que la inversión en maquinaria, equipos y tecnología creció un 50% en la Unión Europea y un 56% en Estados Unidos entre 2002 y 2025, el incremento acumulado en España fue sólo del 15%. De manera similar, la inversión pública en 2025 se situó en el 2,9% del PIB de España, casi un punto porcentual por debajo de la media de la UE (3,8%).
A esto se suma la estructura del sector empresarial. Antonio García Rebollar, Técnico Comercial y Economista del Estado, señaló que más del 30% de las horas trabajadas en España se concentran en sectores de bajo valor añadido como el comercio, la hostelería y el transporte, frente a sólo el 12,4% en la industria manufacturera. Además, la fuerte presencia de microempresas obstaculiza la eficiencia general, ya que las grandes empresas españolas son dos veces más productivas que las más pequeñas, y las empresas integradas en grupos multinacionales muestran el doble de productividad que las independientes.
Para revertir esta tendencia, los expertos coinciden en la necesidad de eliminar barreras regulatorias que desincentivan el crecimiento de las pymes, impulsar la inversión en I+D, fomentar el capital de riesgo y alinear la formación del capital humano con las demandas tecnológicas y del mercado a través de políticas estatales de largo plazo.
