Procedimientos de insolvencia (acuerdos voluntarios de acreedores) interpuestos por Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) y trabajadores autónomos han vuelto a alcanzar un máximo histórico en el segundo trimestre, aumentando en 7,1% en comparación con el mismo período en 2024, a 2.642 presentaciones. Estos procedimientos de insolvencia marcan así el quinto año consecutivo de incrementos para las pymes en el segundo trimestre, que se remontan a 2020, cuando las solicitudes se suspendieron parcialmente debido a la pandemia de COVID-19 y se reanudaron por completo en 2022.
Estas cifras provienen de la Indicador Cepyme sobre la situación de las Pymes (Indicador de Situación Económica de las Pequeñas y Medianas Empresas Españolas), que elabora la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME). Según Francisco Vidal, director de Economía de CEPYME, “este es un problema que también afecta y dificulta el relevo generacional”, complicando aún más la supervivencia de las empresas más pequeñas.
De las 2.642 insolvencias registradas, 1.214 corresponden a trabajadores autónomos-a 21,9% incrementa año tras año, estableciendo también un nuevo récord para este grupo de trabajadores. 1.122 corresponden a microempresas (un aumento interanual del 0,1%), 259 a pequeñas empresas (una disminución del 17,2% desde 2024, el único grupo donde las cifras disminuyeron), y 47 a medianas empresas (un aumento del 25,4%).
Para poner en contexto estas cifras, las insolvencias registradas en el segundo trimestre de 2025 superan el número de procedimientos registrados durante todo el primer semestre de 2019, el año previo a la pandemia. Además, se trata de la cifra más alta desde que se tienen registros en 2005, superando en 144 el pico anterior del peor año hasta la fecha (2013), cuando 2.498 pymes se encontraban en estado de insolvencia.
