El Gobierno ya ha pactado con Bruselas un nuevo escenario de hitos y objetivos para que España pueda acceder a todas las ayudas directas restantes del Plan de Recuperación. Lo que está en juego es la forma de captar y ejecutar los casi 24.700 millones de euros en fondos no reembolsables pendientes antes de que expire la oportunidad en agosto del próximo año.
Tras varias semanas de intensas negociaciones con la Comisión Europea, el Ministerio de Economía ha ultimado ahora la última de las adendas al plan de recuperación, la séptima. El anterior, en septiembre, estuvo relacionado con la DANA (depresión aislada de alto nivel). El nuevo documento, que hoy se analiza para su aprobación en el Consejo de Ministros, incluye una actualización y ampliación del Plan de Recuperación.
El Gobierno se ha fijado el objetivo de alcanzar el cien por cien de las ayudas directas que le reserva la UE, que ascienden a 79.854 millones de euros. Hasta la fecha, 55.092 millones de euros se han obtenido, casi el 70% del total. Se trata de transferencias que no requieren reembolso y representan una gran oportunidad para la modernización del país. Sin embargo, cada reembolso sigue estando condicionado a verificaciones técnicas por parte de Bruselas, que ya han provocado retrasos.
La materialización de las ayudas depende ahora de dos cosas: tener tiempo suficiente para ejecutar los proyectos y que el Gobierno apruebe las reformas comprometidas en un entorno de debilidad parlamentaria. Respecto al primer aspecto, uno de los objetivos de la adenda es dar continuidad a los proyectos de inversión más allá de agosto de 2026, que es cuando finaliza el plazo de ejecución. Hay tiempo hasta diciembre de 2026 para recibir el último desembolso.
Para lograrlo, se están ampliando los hitos, simplificando los procedimientos, simplificando los trámites y reduciendo las cargas administrativas, en línea con la nueva estrategia de la Comisión Europea. Hay 337 hitos pendientes cuya simplificación se negocia desde hace semanas.
La idea es que la nueva adenda sirva de base para solicitar uno o dos desembolsos más antes de que se agoten los fondos. España va retrasada en estas solicitudes. Según el cronograma inicial, debería haber recibido el 94% del dinero antes de fin de año.
La contrapartida de las ayudas consiste en la adopción de reformas, que es el elemento más espinoso para el Gobierno. En la nueva negociación, Bruselas ha acordado que una parte de las medidas pendientes, anteriormente incluidas en nueve leyes, puedan convertirse en normas de menor rango que no necesariamente tienen que pasar por el Parlamento (el Congreso). Pueden proceder en forma de Reales Decretos u Órdenes Ministeriales que aún falta por concretar al Gobierno. Por otro lado, leyes como la Ley de Industria o la Ley de Transparencia, que regula los lobbies, seguirán obligando al Gobierno a enfrentarse a un Parlamento que ya no controla.
