La colisión de un tren de Alta Velocidad (AVE) de Renfe con un tren Iryo parado cerca de Urda (Toledo) ha dejado al menos 68 muertos. Un fallo en el sistema de seguridad de la LZB obligó a gestionar el tráfico manualmente. Posteriormente, el centro de control de Adif autorizó al tren AVE a avanzar sin avisarle de la parada del tren que se encontraba delante. La investigación deberá determinar las responsabilidades de este nuevo desastre, que ha trastocado la campaña electoral del PSOE porque, como admitió el presidente Sánchez, una sucesión de accidentes de esta magnitud en un período tan corto es “inaceptable”. Hace apenas nueve meses, España sufrió otra tragedia ferroviaria con el accidente de Adamuz en la misma línea ferroviaria (Madrid-Andalucía), que dejó 46 muertos. Por triste coincidencia, el sindicato de maquinistas había convocado para hoy una huelga -que se mantiene- para exigir “seguridad”. Afirman que tras el accidente de Adamuz no se hizo nada para mejorar la seguridad en la red ferroviaria española.
En Moncloa, los responsables reconocen la gravedad política del accidente, que vuelve a poner en entredicho la seguridad ferroviaria. Sánchez ha declarado tres días de luto oficial y prometió determinar las responsabilidades. «Sufrir dos accidentes en menos de un año es inaceptable», afirmó el Primer Ministro. La investigación y las posibles consecuencias políticas marcarán las próximas semanas. El ministro de Transporte, Óscar Puente, reconoció un fallo informático en el sistema de seguridad de la LZB antes del accidente. El mal funcionamiento obligó a que varios trenes se detuvieran y el tráfico se gestionara manualmente. Sin embargo, Adif autorizó al AVE a retomar su recorrido con normalidad, a pesar de que un tren Iryo se encontraba detenido más adelante. Puente calificó la decisión de “inexplicable” e inicialmente atribuyó la tragedia a un error humano. Preguntado por su dimisión, afirmó que su prioridad es esclarecer lo sucedido, aunque responsables del PSOE empiezan a cuestionar si debe permanecer en su cargo.
En 2021 se licitó un nuevo sistema de seguridad ferroviaria para esa línea y se suponía que se instalaría en enero pasado, pero la instalación aún no se ha completado. Mientras tanto, expertos independientes estiman en más de 3.600 millones de euros el déficit de mantenimiento de una línea ferroviaria que alguna vez fue la envidia del mundo. La línea Madrid-Andalucía se inauguró en 1992 y los expertos afirman que debería haber sido reemplazada por completo después de 30 años, especialmente considerando que la liberalización del mercado ferroviario ha multiplicado las frecuencias y el peso de los trenes, acelerando el desgaste de la infraestructura.
