España es una potencia mundial indiscutible en la gestión de infraestructuras y redes de transporte a través de asociaciones público-privadas, y estas tres empresas se han alejado progresivamente de la construcción pura de bajo margen para centrarse en la gestión de concesiones a largo plazo, que proporciona ingresos recurrentes y estables. El marco del plan estadounidense permitiría a estas empresas aportar capital privado, gestionar las infraestructuras y estructurar los proyectos a través de Project Finance, beneficiándose de peajes o pagos de disponibilidad durante décadas.
Por ello, no sorprende que ACS, Ferrovial y Sacyr estén en la lista de empresas que participan en la primera ronda de sondeo de mercado lanzada por el Departamento de Transportes. Las tres multinacionales españolas están dispuestas a sumarse al plan federal, siempre que cumpla una serie de condiciones en materia de seguridad jurídica y, sobre todo, de rentabilidad del negocio a largo plazo.
En el marco de la iniciativa «Grandes Corredores de Comercio de Estados Unidos», que incluye cinco corredores interestatales importantes que se lanzarán el próximo año, la Administración Trump tiene la intención de implementar un plan de macroinversión en energía y redes digitales aprovechando la infraestructura vial y ferroviaria existente: más de 200.000 kilómetros de carreteras y una longitud similar de vías férreas que atraviesan los Estados Unidos.
El gobierno de Estados Unidos busca facilitar la instalación de líneas eléctricas de alto voltaje, fibra óptica, tuberías de agua y otras redes de servicios públicos dentro de los derechos de vía de carreteras y ferrocarriles, reduciendo la necesidad de adquisición de tierras y simplificando los procedimientos administrativos y ambientales.
Estados Unidos ha presentado al mercado un plan impulsado por la iniciativa privada, que incluye contratos a muy largo plazo (hasta 50 años) remunerados a través de los ingresos comerciales generados por el arrendamiento de la infraestructura.
