Suiza tiene como objetivo alinear su legislación con la de la UE, específicamente la Directiva sobre informes de sostenibilidad corporativa (CSRD) y la Directiva sobre diligencia debida sobre sostenibilidad corporativa (CSDDD). Se busca evitar el ‘final suizo’ (donde las regulaciones suizas terminan siendo más estrictas que las del resto de Europa).
Por Equipo Editorial Consejeros
El Consejo Federal Suizo está llevando a cabo una consulta pública sobre el proyecto Ley Federal de Gobierno Corporativo Sostenible (conocido por su acrónimo alemán NUFG o en inglés como SCGA / CSA). Esta medida marca un hito clave en la regulación ESG (Medioambiental, Social y de Gobernanza) del país y sirve como contrapropuesta indirecta por el Gobierno a la Iniciativa popular ‘Por las Multinacionales Responsables 2.0’ (presentado por la sociedad civil en 2025), que el Gobierno considera demasiado extremo para la competitividad del país.
Los puntos clave de este proyecto de ley son:
1. Alineamiento estricto con la Unión Europea (sin «final suizo»)
El principal objetivo del Gobierno suizo es armonizar su legislación con las regulaciones de la Unión Europea, específicamente la Directiva sobre informes de sostenibilidad corporativa (CSRD) y la Directiva de diligencia debida en materia de sostenibilidad corporativa (CSDDD). El Consejo Federal ha dejado claro que pretende evitar la «Acabado suizo» (término utilizado para referirse a las regulaciones suizas que terminan siendo más estrictas y aisladas que las del resto de Europa), asegurando que las empresas locales compitan en igualdad de condiciones con sus homólogas europeas.
2. Dos umbrales distintos (informes versus diligencia debida)
La ley divide las obligaciones según el tamaño de la sociedad para proteger a las pequeñas y medianas empresas (PYMES):
· Para Informes de Sostenibilidad: Esto se aplicará a empresas con más de 1.000 empleados a tiempo completo y una facturación global superior 450 millones de francos suizos (CHF). (Se estima que esto afectará a unas 100 grandes empresas suizas). Curiosamente, esto reduce el alcance de las empresas que actualmente están obligadas a informar según el Código de Obligaciones suizo, eximiendo a las empresas más pequeñas que cotizan en bolsa.
· Para la debida diligencia (cadena de suministro): Las obligaciones de vigilancia del medio ambiente y los derechos humanos serán mucho más estrictas y se aplicarán sólo a los gigantes corporativos con más de 5.000 empleados y una facturación de más de 1.500 millones de francos suizos (afectando directamente a las aproximadamente 30 multinacionales más grandes del país).
3. Responsabilidad Civil: El tema más controvertido
El proyecto de ley aborda una cuestión históricamente polémica en Suiza: ¿Debería considerarse responsable a la matriz suiza de los daños causados por sus filiales en el extranjero? El texto sometido a consulta establece opciones abiertas a debate, incluida una norma explícita de responsabilidad civil si el demandante puede demostrar que la empresa matriz no cumplió con sus obligaciones de diligencia debida.
4. Supervisión estatal y sanciones severas
A diferencia del anterior modelo de autorregulación, el proyecto propone la creación de un autoridad de supervisión estatal con potestades sancionadoras reales y estrictas. Sus poderes incluyen:
Imponer multas de hasta tres por ciento de la facturación neta global de la empresa en caso de infracciones graves.
Confiscación de los beneficios obtenidos mediante la infracción.
Exclusión de las empresas infractoras de los contratos de contratación pública por un período de hasta cinco años.
Próximos pasos en el calendario legislativo
El proceso de consulta pública permanecerá abierto hasta el 9 de julio de 2026. Durante este período, los partidos políticos, las asociaciones empresariales y las ONG presentarán sus propuestas (siendo la responsabilidad civil y el alcance de las empresas cubiertas los principales puntos de discordia). El Consejo Federal tiene hasta 27 de noviembre presentar formalmente el proyecto de ley final y la exposición de motivos que lo acompaña al Parlamento suizo para su debate y posterior aprobación.
