El viernes 2 de octubre España vivió otro de esos episodios surrealistas en los que se ha especializado el gobierno de Pedro Sánchez. Después de estar en el Gobierno desde 2018, prometiendo en 2023 la construcción de 183.000 viviendas sociales –que nunca se vieron– y tras más de 280.000 desahucios y una Ley de Vivienda que, como advirtieron los expertos, ha supuesto una reducción de más del 30% en la oferta de pisos en alquiler y ha agravado aún más el problema…
Después de todo eso y mucho más, el pasado martes 29 de septiembre el Gobierno aprobó dos reales decretos-ley en materia de vivienda –la ministra responsable incluso admitió estar confusa sobre lo que realmente se había aprobado–, mientras que la vicepresidenta del Gobierno del ala comunista, Yolanda Díaz, llamó a la gente a movilizarse… contra el Gobierno, en un intento de obligar al Parlamento a aprobar el segundo real decreto-ley, que, de ser aprobado, habría reducido aún más la oferta de pisos en alquiler y agravado aún más la situación. (Incluía extensiones de contrato indefinidas, similar a la ley de Franco de 1964 que destruyó el mercado de alquiler en España, una ley que el primer gobierno socialista de Felipe González tuvo que derogar en 1985.)
El Gobierno había puesto todas sus esperanzas en la aprobación del primer real decreto-ley (límites del 2% a las subidas de alquileres, mientras que la inflación se sitúa en el 4,9%; prórrogas obligatorias de los contratos durante al menos dos años…), que, unido a la protección jurídica a los okupas e inquilinos morosos (inkiocupas) ya disfrutan, habría reducido aún más el mercado de alquiler.
El trágico desalojo de una mujer de 87 años, una funcionaria jubilada que había vivido durante 70 años en un antiguo apartamento de alquiler controlado (pagando 500 euros por un piso en una de las mejores zonas de Madrid) provocó protestas en toda España y un levantamiento de miles de jóvenes, incapaces de plantearse siquiera alquilar una casa (el alquiler medio es de 1.100 euros, mientras que el salario más común en España es de 1.200 euros), y mucho menos pensar en comprar un piso.
El Gobierno optó por ponerse al frente de la protesta y asegurar que su real decreto-ley paliaría el problema. Pero los siete diputados de Junts, el partido de Puigdemont, que apoyaron la investidura de Sánchez a cambio de una ley de amnistía, se negaron a caer en la trampa y votaron no. A ambos decretos. Sostener que agravarían el problema.
Así, España tuvo durante dos días un régimen de viviendas en alquiler que, además de sacar del mercado más de 4.000 pisos en alquiler, llenará los tribunales de demandas y disputas… para nada.
El líder socialista de Castilla-La Mancha, que lleva años chocando con la demagogia populista del Gobierno de Madrid, resumió la cuestión claramente: “Puigdemont tenía y tiene el control remoto de esta legislatura”. Así que a esta hora en La Moncloa, el presidente Sánchez está sopesando si aprovechar la indignación de los jóvenes pobres a los que ha conseguido engañar una vez más, y disolver el Parlamento para afrontar las urnas.
