La Policía de Ceuta recibe 200 denuncias de delitos al día, diez veces más que antes del asalto

Abrumando la frontera, los días 30 y 31 de julio, más de 80.000 personas procedentes de Marruecos entraron en Ceuta, una ciudad española de 83.000 habitantes. Nacionales marroquíes y subsaharianos, adultos y menores, hombres y mujeres… En una muestra de impotencia que refleja las dificultades del Gobierno para hacer respetar las fronteras españolas. Y que, casi un mes después, continúa.

Contra toda evidencia, el Gobierno español se ha empeñado desde entonces en resaltar la colaboración de Marruecos en la resolución del conflicto, asegurando que todo aquel que hubiera entrado ilegalmente sería expulsado. Eso es exactamente lo que propone Bruselas, que vigila minuto a minuto una crisis que pone a prueba las fronteras exteriores de la UE.

Sin embargo, aunque el grueso de los que entraron ilegalmente durante esos días parece haber vuelto sobre sus pasos, según estimaciones del presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, más de 10.000 personas permanecen en Ceuta, acampando en las playas y deambulando por las calles, creando en Ceuta una sensación de insalubridad e inseguridad difícil de ignorar. Con un delito sexual diario y 200 denuncias presentadas ante la policía, diez veces la cifra registrada antes de la agresión.

El Gobierno ahora tiene la intención de trasladar a 500 niñas, mujeres jóvenes y mujeres adultas al continente: “¿y nosotras qué?” protestan contra las mujeres españolas, pero esa idea se topa con la feroz oposición de las comunidades autónomas gobernadas por el PP, que recuerdan al Gobierno su anuncio de que todo aquel que entrara ilegalmente sería expulsado. El Gobierno sostiene ahora que, según la legislación española, esto no es posible en el caso de menores, al menos sin identificarlos individualmente, abrir un expediente y garantizar que su expulsión no los deje en la indigencia.

Aquí están las cosas mientras media Europa sostiene que la regularización masiva decretada por el Gobierno español –sin la participación del Parlamento– ha generado un factor de atracción que Marruecos, en su “guerra híbrida” para mantener vivo su reclamo sobre Ceuta y Melilla, ha logrado explotar.