El gobierno ha aprobado una reforma de los alquileres que limita los aumentos de los alquileres al 2% en un esfuerzo por controlar los precios. Esto ocurre el mismo día que se reveló que la inflación se acerca al 5% debido al “cambio de escenario económico” causado por el aumento de los costos del combustible en toda la economía.
Por un lado, los precios se están disparando mucho más allá de las expectativas; por otro, los controles de alquileres penalizan a alrededor de 1,3 millones de pequeños propietarios, que tendrán que prorrogar sus contratos de arrendamiento cada cinco años con una actualización de precios limitada que podría limitar sus ingresos durante una década.
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La mayoría de los actores de la industria inmobiliaria coinciden en que el decreto no aborda la raíz del problema: la escasez crónica de viviendas en el país. Por el contrario, la inseguridad jurídica resultante podría agravar la caída de la oferta de vivienda que se observa desde 2023, tras la aprobación de la Ley de Vivienda. Fue durante esa campaña electoral de 2023 cuando Pedro Sánchez prometió entregar 183.000 viviendas, de las que no se ha vuelto a saber nada más. Organizaciones como Idealista y la Fundación Alquiler Seguro estiman que la oferta de vivienda en alquiler ha caído entre un 18% y un 20% en los últimos tres años, inmediatamente después de la entrada en vigor de la Ley de Vivienda, un descenso que ahora podría intensificarse.
Por si esta intervención fuera poco, el Gobierno ha aprobado no uno, sino dos reales decretos-ley en la materia. La primera fue pactada con muchos de los grupos parlamentarios que apoyaron la investidura. La segunda propuesta se negoció únicamente con su socio de coalición, Sumar; sin embargo, su aprobación se considera imposible porque incluye una prórroga indefinida del contrato de arrendamiento a la que varias partes se oponen firmemente. Esa extensión indefinida buscada por la extrema izquierda refleja la medida promulgada por Franco en 1964, que condujo a la virtual desaparición del mercado de alquiler en España, una política que el gobierno del PSOE rectificó posteriormente en 1985 con una desregulación completa de los precios de alquiler.
