En primer lugar, la Comisión reprocha a España no incorporar las normas que actualizan el régimen del IVA aplicable a las pequeñas y medianas empresas (pymes), una reforma adoptada en 2020 con el objetivo de simplificar las obligaciones tributarias de estas empresas y reducir las distorsiones de la competencia dentro del mercado interior.
El Ejecutivo comunitario explica que aunque España ha indicado que no tiene intención de aplicar la exención del IVA para pymes y autónomos con una facturación inferior a 85.000 euros (prevista en esta directiva, al tratarse de una medida opcional para los Estados miembros), el país sigue obligado a transponer las disposiciones que permiten a las empresas establecidas en su territorio beneficiarse de este régimen en otros países de la UE.
En concreto, subraya que para que una pyme española pueda acogerse a esta exención en otro Estado miembro debe registrarse previamente ante las autoridades tributarias españolas, procedimiento que no podrá aplicarse mientras la normativa europea no se haya incorporado al derecho nacional.
En consecuencia, la Comisión Europea pedirá al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que imponga una multa a España por no adoptar a tiempo una directiva que permitiría a las pymes españolas aplicar una exención del IVA cuando operen en otros Estados miembros, así como otra norma que actualiza la normativa fiscal para determinados servicios digitales, bienes de segunda mano y obras de arte.
El Ejecutivo comunitario toma esta medida después de que España no notificara la transposición de ambas normas, pese al procedimiento de infracción abierto por los servicios de la UE. Estos servicios ya habían enviado una carta de emplazamiento y posteriormente un dictamen motivado durante las fases preliminares del procedimiento de infracción para instar al Gobierno a respetar los plazos.
