El líder socialista ha informado al juez que investiga el caso Plus Ultra que las joyas encontradas por la policía en la caja fuerte de su oficina –y valoradas en 1,3 millones de euros– eran un “regalo estrictamente personal” del difunto rey de Arabia Saudita, Abdullah bin Abdulaziz, supuestamente entregado durante su visita oficial a España en 2007.
De aceptarse como cierta esta versión, aceptar esas joyas podría constituir un delito de cohecho pasivo indebido y, en todo caso, un delito fiscal más –ya prescriptivo–, ya que Zapatero debería haber declarado a Hacienda la supuesta donación.
Esto dejando de lado que el entonces presidente incumplió el Código de Buen Gobierno que él mismo impulsó en 2005, que exigía devolver las joyas o entregarlas al Estado.
Han sido necesarios más de tres meses e incluso una orden judicial para que el exdirigente ofrezca una explicación parcial sobre las piedras preciosas encontradas en su despacho.
Incluso suponiendo que se tratara de un regalo (y no del pago de una comisión en el marco de un tráfico de influencias, como parece sospechar el juez), se trataría de un regalo recibido en La Moncloa cuando el entonces secretario general del PSOE era jefe de Gobierno. Cuesta creer que ahora pretenda rebajarlo a un mero regalo de cortesía, como una “caja de productos tradicionales de la tierra” (ya sabes, repostería navideña, etc.), comparación que desgraciadamente hizo ayer el ministro Ángel Víctor Torres.
